La Normalización Inmobiliaria consiste en la creación de documentos técnicos que establecen los requisitos para los servicios, las actividades y las competencias inmobiliarias, con el fin que den fundamento a la competitividad del sector.
FEDELONJAS lidera la Unidad Sectorial de Normalización de Servicios Inmobiliarios (USN SI), organismo competente para elaborar normas técnicas de aplicación voluntaria para el sector que incluyen los lineamientos internacionales de la mano del Ministerio de Comercio y el ICONTEC.
Desde el inicio de sus operaciones en 2009, la USN SI ha convocado a expertos en temas inmobiliarios como academia, gobierno, gremios, empresas de servicios públicos, organizaciones científicas, prestadores del servicio inmobiliario, usuarios, entre otros, para que construyan los requisitos que van a aplicarse en las diferentes actividades inmobiliarias y que quedarán registrados en un documento normativo (norma o guía técnica sectorial).
Uno de los grandes beneficios del proceso de normalización inmobiliaria es que contribuye a generar confianza, ya que tiene como principio fundamental la protección de los usuarios y del consumidor, con lo que alimenta los procesos de innovación, mejora de los servicios e impulsa la búsqueda de nuevos nichos de mercado gracias al incremento de la competitividad.
Los expertos que realizan la construcción, estudio y análisis de las normas técnicas sectoriales son integrantes de los Comités Técnicos de Normalización en Servicios Inmobiliarios. En la actualidad la USN SI cuenta con cuatro comités técnicos de normalización, que han llevado a cabo más de 300 sesiones de trabajo para la elaboración de los documentos normativos.
A continuación, el listado de Comités Técnicos de Normalización en Servicios Inmobiliarios:
La elaboración de las normas técnicas sectoriales, aplicables a las actividades inmobiliarias, inician con la identificación de las necesidades de nuestro sector y su viabilidad para desarrollarlas, convocando a expertos de diversos intereses (academia, gobierno, gremios, prestadores de servicios, usuarios e intereses generales) y sometiendo a la consideración de los interesados los resultados del trabajo desarrollado por estos expertos (consulta pública).
Después de ello, el documento resultante (proyecto de norma técnica) es considerado por un estamento independiente (Consejo Técnico) para avalar las decisiones tomadas.
